Desde que entró en vigor el copago farmacéutico, el pasado mes de julio, los pensionistas tienen que pagar un 10% de los medicamentos que le son recetados, lo que supone que, como media, los pensionestan están pagando mensualmente 3,6 euros en las farmacias.
Según ha explicado Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad, durante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, el nuevo sistema de copago farmacéutico es una de las medidas que más ahorro está propiciando al Sistema Nacional de Salud (SNS), y junto a otras medidas de contención del gasto farmacéutico, como la desfinanciación de más de 400 fármacos de síntomas menores, van a generar un ahorro en 2012 superior a los 1.700 millones de euros.
Pilar Farjas, además ha aclarado que el 85 % de los pensionistas no han superado el tope de 8 ó 18 euros mensuales establecido y, en estos casos, ha avanzado que todas las comunidades ya están procediendo a su reembolso en función del mecanismo establecido, algo que no ha sido suficiente para el socialista José Martínez Olmos que dice que «Hay personas en España que tienen dificultad para adquirir medicamentos a final de mes porque el copago le hace difícil esa situación económica mala que tienen, y hay pacientes inmigrantes que están teniendo problemas de salud por la decisión de excluirles de la cobertura».
En cuanto a la reforma de la Cartera de Servicios del SNS, la secretaria general de Sanidad, ha avanzado que en el Consejo Interterritorial que se celebra la próxima semana se definirán las bases sobre las que se articulará la cartera de servicios básicos, «No es una mera actualización, sino una nueva cartera», se incluirán en ella nuevas técnicas médicas y se eliminarán técnicas obsoletas.
Farjas también a adelatado que «a principios de 2013 se podrá cerrar el circuito de la receta y la dispensación electrónica en toda España».
Por su parte, la diputada de CiU Conxita Tarruella ha pedido a Farjas que aclare si va a haber copago para los medicamentos de dispensación en farmacias hospitalarias ante la «alarma» que ha generado la reciente modificación de la Ley del Medicamento impulsada por el Ejecutivo.