Hasta ahora no estaba muy claro que era lo que ocurría con la cobertura sanitaria de los personas mayores de 26 años que no han trabajado nunca y que han perdido la cobertura de los padres, o de las personas sin ningún tipo de remuneración que se divocian, pero a partir de ahora su situación estará más clara porque el Gobierno ha redactado un proyecto de real decreto por el que regula la condición de asegurado y de beneficiario y clarifica la situación de estas personas.
La principal novedad que introduce el proyecto de real decreto es que los españoles que no coticen no tendrán que declararse pobres de solemnidad, esta figura figura ha desaparicido.
Con la nueva normativa también se fija un límite de ingresos de 100.000 euros para tener acceso a la tarjeta sanitaria. En los ingresos que dan acceso a la tarjeta sanitaria se tendrán en cuenta “la totalidad de los rendimientos de trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales”. Las personas que superen los 100.000 euros anuales, como por ejemplo los rentistas, aunque paguen impuestos, si no cotizan a la Seguridad Social no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria.
Si lo desean estas personas pueden acceder a la sanidad pública, pero siempre y cuando se hagan cargo de los gastos que generen. Otra posibilidad es que suscriban un seguro privado.
A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, tal como ya se había anunciado, sólo tendrán derecho a la asistencia básica.