Desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) defienden que la reforma de la Ley del Medicamento impediría nuevas licitaciones, pero que no tiene efectos sobre las vigentes ni sobre la última subasta (288 principios activos) convocada por la Consejería de Salud de Andalucía, al carecer de efectos retroactivos.
Según explican desde el CACOF la nueva Ley del Medicamento incluye un par de artículos cuyos efectos jurídicos habrá que ver en su momento, y cuyo alcance seguramente acabará siendo dilucidado en los Tribunales, pero que sin duda parecen haber sido concebidos para frenar en el futuro la iniciativa de las Autonomías en las políticas de contención del gasto que tienen incidencia en el precio del medicamento.
Los artículos en cuestión serían:
El apartado 34 del artículo único de la Ley 10/2013, que dice “Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios”.
El apartado 35, “El precio industrial de financiación pública, establecido por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud, no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional”.
Es decir, con la nueva normativa se podría impedir otras nuevas subastas de medicamentos en el futuro, cuando se agote el periodo de adjudicación contemplado en las licitaciones vigentes.
Mientras tanto, la subasta de medicamentos andaluza sigue recurrida y pendiente de fallo por parte del Tribunal Constitucional.