17 años después de que se comercializara Bio-Bac, un medicamento que según se indicaba en su propio prospecto estaba indicado para tratamientos antitumorales y el sida, ha comenzado el jucio en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.
El Bio-Bac era un producto sin autorización sanitaria que se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades como el VIH, distintos tipos de cánceres, hepatitis o enfermedades articulares reumatológicas, y según cree la fiscalía este producto causó un «evidente peligro» a las 2.030 personas que lo consumieron.
En la página web desde la que se vendía el producto que la efectividad de Bio-Bac era mayor si los enfermos abandonaban el tratamiento de la medicina convencional y se confiaban a las virtudes terapéuticas de su producto.
Bio-Bac comenzó a comercializarse como «una fórmula magistral» en 1997, y comenzó a considerarse ilegal a partir de 2002 cuando el Ministerio de Sanidad paralizó su venta a través de la Guardia Civil.
Durante el jucio, Rafael Chacón, hijo del creador del producto y principal acusado, ha insistido en que Bio-Bac se vendía como un complemento alimenticio y no como un fármaco, a pesar de lo que ponía en el prospecto del producto, y ha insistido en que los ensayos demostraron su eficacia y seguridad.
Antonio Muro, portavoz de Rafael Chacón, además ha declarado que «El Bio-Bac lo recomendaron los médicos. Por primera vez en España, cuando se requisaron los frascos, los pacientes salieron a la calle para pedirlo», a lo que ha añadido que «Eran los pacientes quienes decían que les ayudaba, no Rafael. Él nunca recomendó a los pacientes que lo abandonaran»
El fiscal pide para Rafael Chacón cinco años y medio de prisión por dos delitos contra la salud pública y un delito relativo a los consumidores por el registro, distribución y venta del Bio-Bac, mientras que para los otros 3 acusados, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio, se enfrentan a penas que oscilan entre los tres y los dos años y medio de prisión por los mismos delitos.
El caso arrancó en octubre de 2002, cuando la Guardia Civil, en el marco de la operación «Brujo», detuvo a 23 personas, de las que trece eran médicos y a los que se acusó de delitos contra la salud pública, intrusismo profesional, estafa y tenencia ilícita de armas. Al estallar el escándalo, Rafael Chacón acusó a Sanidad de estar detrás de lo que consideraba un complot en el que incluía a la industria farmacéutica. Ahora, su defensa pide la absolución por entender que Bio-Bac es «inocuo» y «beneficioso» para la salud.
El juicio se prolongará hasta el próximo 2 de junio.