Mal comienzo para el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones con problemas financieros, que entrará en vigor incumpliendo su objetivo, que todas las administraciones paguen en 30 días.
Según ha confirmado Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, este decreto ley entrará en vigor, como pronto, a finales del 2013, este retraso de debe a que la valoración que hará el Ministerio de Hacienda finalizará el 31 de octubre, lo que supone que las oficinas de farmacias (incluidas dentro de los proveedores de ‘fase 1’, junto con conciertos sanitarios, ayuntamientos y el tercer sector) tendrán que esperar aún tres meses y medio para cobrar las primeras facturas pendientes de pago.
El tercer plan de pago a proveedores llega pasados 16 meses del primero. En su primera y segunda fase, este mecanismo permitió el pago de unos 5,5 millones de facturas por un importe de aproximadamente 28.500 millones de euros. Al mismo tiempo, las dos fases del Fondo de Liquidez Autonómica han conseguido insuflar a las arcas públicas otros 41.000 millones de euros. Todos estos mecanismos de financiación estaban concebidos con un mismo objetivo: poner a cero el contador de la deuda. Dicho objetivo sigue siendo el mismo que inspira ahora la tercera fase del plan de pago a proveedores, lo que a juicio de la oposición en el Congreso de los Diputados constata que el problema no se ha solucionado, y que lo estaba planteado como un mecanismo extraordinario ha terminado por convertido en una herramienta de uso ordinario.
Fuente: El Global