Últimamente el Gobierno no deja de sorprendernos con sus medidas para conseguir el ahorro sanitario, y ahora nos sorprende emprendiendo acciones legales contra Andalucía y el País Vasco en materia sanitaria.
El pasado viernes 13 de julio el Consejo de Ministros acordó que el presidente del Gobierno interponga un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público. Además, el Gobierno acordó en su reunión del Consejo de Ministros plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencia al Gobierno Vasco por su decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) en esta comunidad con el que pretenden evitar la reforma sanitaria que incluye el copago en farmacia.
El motivo de interponer un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz se debe a que el Gobierno considera que vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica, al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
La consecuencia de esta decisión es que la aplicación de los preceptos impugnados quedará suspendida a partir de la admisión a trámite de la impugnación por el Tribunal Constitucional por un plazo máximo de cinco meses, transcurrido este tiempo el Tribunal se tendrá que pronunciar sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión.
En el caso del País Vasco el Gobierno Central ha decidido invocar la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que implicará la suspensión del Decreto una vez sea admitida a trámite la impugnación por el Tribunal Constitucional.
Para el Gobierno el decreto vasco pretende regular «cuestiones que corresponden únicamente al Estado y vulnera la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias». Además, creen que impide la aplicación práctica de la reforma sanitaria en esta comunidad, que que establecería tanto un nuevo copago farmacéutico como la exención de la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, como los inmigrantes en situación irregular.
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