El Gobierno de España entiende que el conocido como euro por receta «vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la Sanidad y la legislación de productos farmacéuticos.» Además, considera que «perjudica» a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta «grava por dos veces» la adquisición de medicamentos, por lo que recurrirá esta tasa ante el Tibunal Constitucional.
El pasado viernes 14 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad, y
según ha anunciado Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, este recurso se interpondrá después de que «no haya habido acuerdo» con el gobierno de Artur Mas en las negociaciones mantenidas desde que se pusieron en marcha las tasas.
Por su parte, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha advertido que no retirará la medida de cobrar un euro por cada receta farmacéutica expedida aunque así lo decidiera hacer el Gobierno de Cataluña, que implantó esta tasa hace varios meses. En su opinión, es una medida que toman “con la plena seguridad de hacerlo dentro” de sus competencias, “no invadiendo competencias de ninguna administración”.