Hace unos días os comentamos el Decreto Ley 2/2013 de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana mediante el que se establece un mecanismo de pago para cobrar a los enfermos crónicos y polimedicados, que tendrán que aportar un número de cuenta bancaria en el que se le cargarán las cantidades económicas que deba pagar.
Como era de esperar las voces en contra de esta medida no han tardado en llegar y tanto el Ministerio de Sanidad como el Psoe están estudiando recurrir ante el Tribunal Constitucional este decreto.
La Dirección General de Farmacia del Ministerio ha recibido las quejas de los COF valencianos y ha prometido estudiar el texto, aunque en una primera aproximación fuentes del Ministerio de Sanidad creen que el decreto valenciano tiene «indicios de ilegalidad», aunque esto no presupone la conclusión final ni la decisión de interponer un recurso ante el alto tribunal, aunque éste no se excluye.
Los farmacéuticos valencianos han planteado a Sanidad que con deudas aún pendientes de abonar que rondan los 300 millones de euros, ahora tienen que hacer frente a una nueva situación de dificultad para las farmacias.
Por su parte José Martínez Olmos, portavoz socialista de Sanidad, ha declarado que «De momento estamos estudiando una norma que nos preocupa mucho y no descartamos presentar el recurso porque contiene algunas medidas dudosas y, además, muy graves».